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En el segundo semestre del año 2022, y gracias a un convenio firmado con la Generalitat Valenciana por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, un centenar de administradores de fincas colegiados asumieron la tarea de gestionar comunidades de propietarios con miembros en riesgo de exclusión social o en condiciones económicas precarias. Esta iniciativa ha permitido la implantación de la figura del administrador de fincas de oficio (AFO), cuya labor ha sido fundamental para la conservación y mejora de estas comunidades.

Diagnóstico y Regularización Administrativa

El primer objetivo de los administradores de fincas de oficio fue apoyar a los propietarios que, durante décadas, no habían podido asumir las tareas de mantenimiento y conservación de sus inmuebles. Para ello, los administradores se encargaron de poner en orden la comunidad a nivel administrativo y legal. Esto incluyó la legalización del libro de actas, la obtención de la cédula de identificación fiscal (CIF), el cumplimiento de la legislación de protección de datos y la implementación de la firma electrónica necesaria para comunicarse con las Administraciones Públicas.

Una vez cumplidas estas tareas, los administradores pudieron realizar el Informe de Evaluación del Edificio. Este diagnóstico permitió identificar las necesidades específicas de cada finca y planificar los trabajos necesarios para subsanar los reparos detectados. La regularización administrativa fue un paso crucial para que las comunidades pudieran acceder a ayudas públicas y subvenciones para la rehabilitación de sus edificios.

Conservación y Mantenimiento de las Fincas

Con el Informe de Evaluación del Edificio en mano, las comunidades pudieron planificar las obras de conservación y mantenimiento de los elementos arquitectónicos y de las instalaciones comunitarias. Este proceso no solo mejoró las condiciones de los inmuebles, sino que también incrementó el valor patrimonial de las viviendas y locales.

El administrador de fincas de oficio se encargó de coordinar con todos los sectores económicos vinculados a la rehabilitación, como arquitectos, aparejadores, empresas de construcción y gremios de albañilería, fontanería, electricidad y telecomunicaciones. Esta colaboración fue esencial para llevar a cabo las obras necesarias y asegurar que los edificios cumplieran con las normativas de accesibilidad, permitiendo a los residentes llevar una vida normalizada.

Impacto Social y Económico

La figura del administrador de fincas de oficio ha demostrado ser una solución profesional eficaz, fruto de la colaboración activa entre la Administración Pública y los colegios profesionales. Esta iniciativa ha sido un gran avance para evitar la exclusión social de muchas comunidades de propietarios, al asegurar el mantenimiento y conservación de los inmuebles y mejorar las condiciones de vida de sus residentes.

Además de los beneficios directos para las comunidades, esta acción también ha tenido un impacto positivo en la economía local. La conexión de las comunidades de propietarios con los sectores de rehabilitación ha generado empleo y ha dinamizado el mercado de la construcción y los servicios relacionados.

En conclusión, la implantación del administrador de fincas de oficio ha sido una medida crucial para la conservación y mejora de las comunidades de propietarios en la Comunitat Valenciana. Esta figura ha permitido regularizar administrativamente las comunidades, planificar y ejecutar obras de mantenimiento, y mejorar las condiciones de vida de los residentes. La colaboración entre la Administración Pública y los colegios profesionales ha demostrado ser una estrategia eficaz para promover la inclusión social y el desarrollo económico.


Artículo escrito por Sebastián Cucala Crespo,

Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón



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