El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia lleva varios años solicitando a las Administraciones Públicas mejoras esenciales que faciliten su labor en el ámbito de las relaciones laborales y los recursos humanos. Este colectivo desempeña una importante función de asesoramiento y gestión de empresas y autónomos en materia laboral y de Seguridad Social. Las Pymes, que representan hasta el 70% del empleo en España, dependen en gran medida de estos servicios. Sin embargo, la creciente complejidad y volumen de esta actividad no se ha visto acompañado por unos adecuados cauces de atención por parte de las administraciones laborales y de Seguridad Social. Esta situación está provocando una saturación en muchos profesionales del sector.
Desde el Colegio se reclama la recuperación y mejora de los cauces de atención a profesionales que existían antes de la pandemia del Covid-19. Desde 2015, se ha recortado el plazo de tramitación de determinadas situaciones, como las bajas y variaciones de datos, de 6 a 3 días naturales. Esto complica el trabajo de los Graduados Sociales en fines de semana y días festivos, ya que algunas de estas comunicaciones no admiten que se hagan con carácter previo, obligando a los profesionales a tramitarlas en días de descanso.
Creciente Carga de Trabajo y Falta de Personal
Los Graduados Sociales han experimentado un incremento de tareas debido a nuevas obligaciones que la Administración Pública les ha derivado, tanto por la falta de personal propio como por las sucesivas reformas normativas, como el nuevo sistema de cotización RETA o el nuevo sistema de gestión de la Incapacidad Temporal. El Colegio sugiere que la Administración debería resolver la falta de personal convocando oposiciones, en lugar de delegar funciones en la figura del Autorizado RED. Revertir la reducción de plazos y recuperar la atención previa al Covid-19 beneficiaría tanto el derecho de los Graduados Sociales a la conciliación personal y familiar como a sus clientes, que incluyen empresas, autónomos y trabajadores, así como a la propia Administración.
Además, es esencial mejorar las herramientas de gestión y unificar las plataformas de presentación y notificación para no generar inseguridad jurídica y respetar el descanso de los profesionales, empresas y autónomos, evitando las horas inhábiles, festivos y fines de semana. También es fundamental una adecuada interlocución previa con los profesionales en las modificaciones en materia laboral y de Seguridad Social. Esto debería incluir, no solo la entrada en vigor de la medida decidida por el legislador, sino su aplicación práctica por profesionales y administración, sin cargas que la administración pueda evitar con sus propios datos, sin efectos retroactivos y con plazos razonables señalados en días hábiles.
Urgente Creación de Nuevos Juzgados de lo Social
El número de asuntos repartidos a los Juzgados de lo Social de Valencia ha aumentado significativamente desde 2019, pasando de 18,712 asuntos a más de 20,000. Actualmente, cada juzgado maneja 1,185 asuntos, un 32% más del módulo máximo permitido de 900 asuntos al año. Sin embargo, no se han creado nuevos juzgados de lo Social en Valencia desde la puesta en marcha del Juzgado de lo Social nº 18, hace más de seis años. Esto ha generado importantes demoras en la resolución de conflictos, lo que provoca desafección social y una grave merma en la respuesta que los graduados sociales pueden ofrecer a empresarios y trabajadores.
Estas demoras afectan a situaciones críticas que, en muchos casos, implican el sustento básico de las personas, como la readmisión de trabajadores, prestaciones de Seguridad Social en materia de accidente de trabajo, incapacidad permanente, orfandad, jubilación, y extinción por impago de salarios. Estas situaciones generan un mayor gasto para el Estado a través del Fondo de Garantía Salarial y el pago de salarios de trámite en los excesos de 90 días en algunos casos.
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia ha reclamado con insistencia la creación de nuevos Juzgados de lo Social, demanda que también apoyan otros profesionales jurídicos, la Junta de Jueces de lo Social de esta provincia, el Decanato de los Juzgados de Valencia y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y de la Sala de lo Social. Actualmente, existen 18 Juzgados de lo Social en Valencia, de los cuales 17 son ordinarios y uno tiene carácter especial para ejecuciones.
Para coordinar estas reivindicaciones, el Colegio creó una Comisión Mixta que agrupa a representantes de diferentes colectivos profesionales afectados por el mal funcionamiento de la Administración Pública. En su última reunión, celebrada el pasado 16 de febrero, reclamaron una ampliación de los plazos de presentación cuando la página web colapsa el último día y exigieron la generación de justificantes en todo tipo de trámites telemáticos, además de solicitar avisos con antelación cada vez que se cambia algún procedimiento.
A pesar de las dificultades, se han logrado algunos avances, como la resolución de los problemas de colapso en la página de expedición del NIE gracias a la intervención de la exsubdelegada del Gobierno, Raquel Ibáñez.
En resumen, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia sigue siendo una pieza clave en la gestión laboral y de Seguridad Social, y su papel es fundamental para garantizar la equidad y eficiencia en el sistema laboral. Las mejoras solicitadas no solo beneficiarían a los profesionales, sino también a empresas, autónomos y la propia Administración, contribuyendo a una sociedad más justa y eficiente.