Regulación y Competencias del Detective Privado
La figura del detective privado está regulada en la Ley de Seguridad Privada 5/2014, que les otorga la facultad de realizar investigaciones en el ámbito civil y sobre delitos perseguibles a instancia de parte, siempre que exista un interés legítimo. Los detectives pueden ayudar a ciudadanos, empresas y otras entidades a proteger sus derechos e intereses, siendo su trabajo especialmente relevante en áreas como medidas paterno-filiales, herencias, cobro de deudas, propiedad intelectual, fraudes, absentismo laboral, bajas fingidas, y más.
En este contexto, los detectives se convierten en una herramienta esencial para aportar pruebas en procedimientos judiciales, especialmente en aquellos casos en los que las autoridades estatales no tienen competencias. De esta forma, permiten a particulares y empresas hacer valer sus derechos en los tribunales, contribuyendo a la resolución de conflictos legales.
La Participación del Detective en el Proceso Judicial
El papel del detective privado en el sistema judicial no es el de interpretar los hechos, sino el de presentar una testifical documentada basada en la realidad de lo sucedido. Los informes redactados por los detectives se componen de la documentación obtenida durante la investigación, siendo utilizados como pruebas en los tribunales. Además, el detective puede ser llamado a testificar, aportando credibilidad y soporte a su trabajo de campo.
El marco legal exige que los detectives actúen con rigurosa objetividad, manteniéndose dentro de los límites legales. Este aspecto es crucial para que la prueba obtenida sea admisible en los tribunales y no se vea invalidada por una falta de profesionalismo o por violación de derechos fundamentales de las personas investigadas.
Ética, Formación y Colegiación en la Profesión
La labor de los detectives privados requiere una sólida formación tanto ética como jurídica, ya que deben encontrar el equilibrio entre la obtención de información y el respeto por las libertades individuales. Su trabajo implica decisiones complejas sobre cuándo y cómo usar técnicas de investigación que, en algunos casos, podrían interferir con la privacidad de las personas.
La importancia de la formación continua y los altos estándares éticos se refuerza con la existencia de Colegios Profesionales que fomentan estas cualidades en la profesión. Actualmente, los colegios de detectives en España están en proceso de constituir un Consejo General, lo que supone un avance significativo para asegurar que los profesionales del sector actúen con responsabilidad y dentro de los límites de la ley.
En definitiva, la labor del detective privado no sólo aporta valor a particulares y empresas, sino que también fortalece el estado de derecho y la justicia en España. Con una regulación adecuada y un fuerte compromiso con la ética, esta profesión es clave para asegurar que los derechos de los ciudadanos se protejan de manera eficaz.
Artículo escrito por Octavio Morellá el decano del Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana